Informe alerta: 145 mil niños en riesgo de ser reclutados por cárteles en México
Un informe entregado a la ONU revela que más de 145 mil menores en México están en riesgo de ser reclutados por cárteles y familias delictivas.
El informe “Desapariciones Forzadas Generalizadas y/o Sistemáticas Cometidas en México”, presentado por organizaciones civiles al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, estima que entre 145 mil y 250 mil niñas, niños y adolescentes enfrentan riesgo de ser reclutados por el crimen organizado, lo que evidencia una práctica sistemática y planificada.
Reclutamiento infantil como estrategia del crimen organizado
El documento advierte que los grupos criminales ven en los menores una “inversión”, aprovechando factores como la necesidad de protección, pertenencia, poder o acceso a drogas. Además de los grandes cárteles, también participan familias delictivas y pandillas, que conducen directamente a los jóvenes a actividades ilícitas.
Desapariciones y desplazamiento forzado
El informe vincula el reclutamiento con la desaparición de adolescentes, ya que muchos son privados de la libertad y forzados a entrenamientos para funciones de sicariato, trabajo en campos de cultivo o laboratorios clandestinos. De acuerdo con el RNPDNO, al 14 de marzo de 2025 se registraban 112,579 menores desaparecidos, de los cuales 17,349 seguían sin ser localizados. En 2024, se reportaron en promedio 28 desapariciones diarias de niñas, niños y adolescentes.
Trata de personas y vulnerabilidad de adolescentes mujeres
La trata de personas aparece ligada a esta problemática: entre 2015 y 2025, 2,935 menores fueron víctimas de este delito. El estudio resalta que las adolescentes mujeres, entre 14 y 19 años, constituyen el grupo más vulnerable, representando un 36% de las víctimas de trata, cifra superior a su peso demográfico.
Crímenes de lesa humanidad y responsabilidad del Estado
El informe sostiene que estas prácticas son crímenes de lesa humanidad, al implicar sistematicidad, planificación y multiplicidad. Además, subraya que el Estado mexicano tiene responsabilidad, no solo cuando hay participación directa de sus agentes, sino también cuando existe aquiescencia, tolerancia o falta de acciones efectivas para prevenir, investigar y sancionar a los responsables.
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