Huachicol, Octavio Romero y el rancho con helicóptero y Porsche

En el exclusivo fraccionamiento Altozano, en Centro, Tabasco, la calma se rompió cuando elementos de la Secretaría de Seguridad y de la Guardia Nacional catearon una residencia ligada al empresario Mario Antonio de la Rosa Gutiérrez. El hallazgo fue tan insólito como revelador: un helicóptero, un Porsche, armas largas con cientos de cartuchos y una colección de animales exóticos —cebras, avestruces, guacamayas y tortugas gigantes—. La investigación apunta a una red de huachicol en la zona de Río Viejo, en la que aparece el nombre de Ulises Pinto Madera, exintegrante de La Barredora y testigo protegido de la FGR.

De la Rosa no era un empresario cualquiera. Su ascenso coincidió con la gestión de Octavio Romero Oropeza en Pemex, periodo en el que su firma MAROGU obtuvo contratos directos por más de 684 millones de pesos, en un esquema de adjudicaciones. El cateo no solo exhibió los lujos que los multimillonarios contratos pueden comprar; también expuso cómo un contratista privilegiado de Pemex terminó bajo sospecha de vínculos con el crimen organizado.

Durante la gestión de Romero Oropeza, Pemex otorgó a MAROGU cinco adjudicaciones directas entre 2019 y 2025. Dos de ellas fueron contratos menores bajo el programa PACMA, pero tres más superaron los 684 millones de pesos, con ampliaciones irregulares hasta 2025. Todo ello ocurrió en el contexto de una política institucional donde más del 80% de las compras de Pemex se hicieron por adjudicación directa, según cifras del IMCO y de la Auditoría Superior de la Federación. MAROGU fue un beneficiario emblemático de esa práctica. Funcionarios de Pemex como Nohemí Almada Mireles, gerente de Contrataciones de Producción, avalaron los contratos, aunque en realidad todas las adjudicaciones pasaban por la aprobación de la mancuerna de tabasqueños que hicieron y deshicieron en Pemex durante seis años: la conformada por Octavio Romero y Marcos Herrería, y que actualmente despacha en el Infonavit.

Los contratos más relevantes fueron el de suministro de grava, arena y revestimientos para los Bloques Sur de PEP, por 31.4 millones de pesos, vigente entre 2019 y 2021; otro para la rehabilitación y mantenimiento de caminos y puentes de Pemex Exploración y Producción, en conjunto con Intercontinental Mykonos (de Gabriel del Ángel López), por 426.8 millones de pesos, por adjudicación directa, en 2023. Al 30 de septiembre de ese año quedaban 114.5 millones pendientes de pago. El tercero fue para el suministro de agregados para los Activos de Producción de PEP, una adjudicación directa por 226.4 millones de pesos, inicialmente para 2023-2024, pero ampliado hasta junio de 2025. Y los dos de PACMA, en 2019, para la dotación de 300 luminarias LED en Comalcalco, por 1.72 millones de pesos, y de 40 luminarias LED adicionales por 230 mil pesos.
La sombra de Adán Augusto López también aparece en la historia. Aunque Adán y Romero pertenecen a grupos políticos distintos —y hasta rivales— en Tabasco, el nombre de De la Rosa termina tocando las dos orillas. Por un lado, como contratista millonario de Pemex bajo la gestión de Romero. Por otro, como empresario arraigado en Tabasco y Chiapas que se movía en las redes locales de obra pública y seguridad durante el gobierno estatal de Adán y su cuñado Rutilio Escandón.

El caso de La Barredora lo salpica directamente. La red de huachicol que operaba en Río Viejo floreció en los años en que Adán Augusto era gobernador y responsable de la seguridad pública en el estado. Este martes el fiscal Alejandro Gertz Manero dijo que, mediante la colaboración del gobierno mexicano y la Interpol, lograrán la detención del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, señalado como líder de La Barredora.

La FGR tiene carpetas abiertas contra De la Rosa por su presunta participación en el tráfico de hidrocarburos y por sus vínculos empresariales con personajes como Mauricio Otero Moguel, señalado también por contratos irregulares en Sinaloa. En Tabasco, el cateo en Altozano es apenas la punta de la madeja, pues las investigaciones se dirigen a una red que conecta ranchos, gasolineras y obras públicas. 

Posdata 

Hablando de Pemex, este miércoles la presidenta Claudia Sheinbaum calificó de “maldita deuda neoliberal” la que heredaron de los gobiernos priistas y panistas, que se tradujo en una carga de 300 mil millones de pesos anuales en amortizaciones, equivalente a un punto del PIB. “Lo más grave es que no hubo más producción, al contrario: se producía menos gasolina, menos diésel, menos petróleo, menos gas… Lo menos que podemos decir es que fue un sinsentido, y aparte, todas las corruptelas de aquel periodo”, sentenció la Presidenta.

Los datos oficiales confirman que Pemex es hoy la petrolera más endeudada del mundo. Su reporte financiero 2024 registró 97.6 mil millones en deuda financiera, tras una reducción frente a los 106 mil millones de 2023, pero con fuertes vencimientos de corto plazo. La Secretaría de Hacienda ha reiterado que el Estado seguirá inyectando recursos para evitar que Pemex entre en default.

Aquí aparece el contraste con el sexenio de AMLO y la gestión de Octavio Romero. Sí se redujo la deuda bruta de los picos de 2018 (131 mil millones de dólares) a niveles más manejables, pero no fue gratis. Durante 2019-2024 Pemex recibió transferencias directas por alrededor de 1.1 billones de pesos, más del doble que las aportaciones de todo el sexenio de Peña Nieto (476 mil millones), y una cifra inédita frente a los gobiernos anteriores, donde prácticamente no existían capitalizaciones de esa magnitud.

Además, si se suman las transferencias en efectivo con los alivios tributarios (la reducción acelerada del DUC), el IMCO calcula que el rescate costó al menos 1.49 billones de pesos en el gobierno de AMLO.

El sexenio pasado además tuvo un mal manejo operativo. La producción cerró 2024 con una de las peores caídas en décadas, muy lejos de las metas; los pasivos con proveedores se acumularon y proyectos como Dos Bocas sufrieron sobrecostos, retrasos y observaciones de la ASF que exhiben fallas de planeación y control. Para cubrir vencimientos, Hacienda tuvo que recurrir a P-Caps por 12 mil millones de dólares en 2025.

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